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LA INCONSTITUCIALIDAD DE LA LEY DE ABORTO EMPIEZA A COMPLICAR A LA MINISTRA AÍDO (19-05-2010)

LA INCONSTITUCIALIDAD DE LA LEY DE ABORTO EMPIEZA A COMPLICAR A LA MINISTRA AÍDO

Con la nueva ley del aborto, empieza a complicarse la vida de la ministra Aido. Está provocando tal enfrentamiento entre los españoles como nunca se había conocido. Tras el recurso del PP, el Gobierno navarro anunció (19/04/10) la segunda demanda, que recurrirá la nueva Ley al Alto Tribunal. Las distintas Autonomías, sobre todo las del PP, se están planteando un conflicto de competencias al considerar que la legislación de la ley se entromete en jurisdicciones autonómicas y apuntan la imposibilidad de organizar la prestación sanitaria, la quiebra del carácter integral del Sistema Nacional de Salud y la contravención de principios de derecho europeo. Una serie de conflictos que no tienen otra salida que plantear recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Los Gobiernos autonómicos no tienen capacidad económica ni jurídica para gestionar el contenido de la ley.

El articulado, que la legitima, es uno de los más controvertidos en el debate público democrático, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Se ubica en una inserción sensible de discrepancias científicas, posiciones ideológicas e incluso en sentimientos religiosos, que cualquier decisión al respecto, emana de cualquiera de los tres Poderes del Estado y hace que adquiera una inmediata proyección política y mediática, o - lo que es aún más significativo - genera una viva polémica social. En consecuencia, es fácil detectar que en lugar de velar por el bien común y por los intereses de todos los españoles por igual, el Gobierno sólo está pensando en la aritmética electoral de los territorios donde tiene la mayoría.
 

  • Organizar la prestación sanitaria y la quiebra del carácter integral del Sistema Nacional de Salud, que prevé la polémica ley, ya va a empezar a tener sus inconvenientes económicos y jurídicos antes de su entrada en vigor: ¿Cómo va llevar la ejecución económica y jurídica de Plazos e Indicaciones previstos en la Ley?

Para llevarlos a efecto, el Gobierno ya les impone a la Autonomías una estructura en sanidad pública gratuita que no es jurisdicción del Estado y vulnera el derecho de no proteger la objeción de conciencia al profesional que practique directamente la interrupción voluntaria del embarazo. Su incumplimiento será vigilado a través de la creación de un  nuevo Ente de Alta Inspección Sanitaria. Ello impone, dictatorialmente, crear nuevas estructuras para reorganizar la sanidad a todas aquellas Comunidades que no practican abortos, a lo que hay que añadir el gasto farmacéutico que genera la financiación gratuita de los anticonceptivos por el Sistema Nacional de Salud.

  • En la contravención de principios de derecho europeo, frente a la desordenada yuxtaposición de la nueva ley, donde se plantea una amalgama de conceptos diversos integrados en los derechos de autonomía y libertad de las mujeres, especialmente relacionados con la protección de la salud sexual y reproductiva, y sobre todo en las menores sin la autorización de sus padres, nos encontramos que el “derecho a decidir” como tal - en materia de terminación voluntaria del embarazo - no está expresamente reconocidos en los instrumentos internacionales invocados en la Exposición de Motivos. Por el contrario, debe ponerse de relieve la claridad de los principios del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos que protegen la vida del no nacido. Y no establecen el derecho al aborto y, en ningún caso, demandan que los Estados lo despenalicen. Por tanto, no se puede afirmar que el aborto forma parte de las obligaciones internacionales. De hecho, la claridad referida de los tratados internacionales se proyecta sobre la protección de la vida pendiente de ser alumbrada.

Para documentarnos, podemos introducirnos en el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (art. 23); el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 6); el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales (art. 12); la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención de Derechos del Niño (1989); la Convención de derechos de personas con discapacidad (2006)… Ninguno incluyen de manera alguna el derecho al aborto, ni hace mención del mismo, más bien al contrario defienden la protección de nasciturus (del no nacido) diciendo: “Todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida… Este derecho será protegido por la ley… Nadie será privado arbitrariamente de su vida ni el derecho de toda persona de disfrutar del más alto nivel de salud mental y física…”.

Son argumentos que vienen repitiéndose desde el principio. Entonces, la ley carece de justificación sanitaria legal, ética, social e internacional y se convierte en una imposición ideológica del Gobierno para mantenerse en el poder, con muchas víctimas por delante: los no nacidos, las mujeres, los profesionales de sanidad… Y que sólo beneficia a unos grupos sectarios y empresarios, que se lucran en el sórdido negocio del aborto sin pensar que la cultura de la muerte se imponga a la cultura de la vida.

Francisco Fernández Fernández
“Paquito el Ministro”
Hijo Predilecto de Molina de Segura